Malditos parquímetros y nefastas grúas

Sandra Vellido es una vecina como cualquiera, pero lo que la distingue del resto es que está al frente de la asociación vecinal “Malditos Parquimetros”, una agrupación que nuclea a cientos de personas disconformes con el actual ordenamiento del tránsito que implementó la gestión de Mauricio Macri.
Actualmente son 700 los vecinos que participan y que se vieron perjudicados por la instalación de parquímetros por disposición del Gobierno de la Ciudad. “Este grupo nació hace un año, cuando empezamos a contactarnos y a organizarnos, para llevar un petitorio al Jefe de Gobierno”, explicó Vellido.
Aunque las reuniones se realizaron y los petitorios fueron entregados, ningún efecto tuvieron. Las multas continúan vigentes y las Grúas siguen acarreando autos de las personas “Mal estacionadas”.
“El problema al que nos enfrentamos no es una mala actitud del vecino, sino que las señalización es pobre y contradictoria”, se explaya Sandra. Todo esto origina un gran problema para el supuesto infractor: primero debe cargar con el costo de acarreamiento ($ 190), luego una multa de hasta $ 70.
“Esto es una medida ilegal porque no pasó por la Legislatura y porque cuando se llevan a un auto rompen la ley al dar por hecho la culpabilidad del titular del automotor”, agrega el abogado de la agrupación, Javier Miglino. Pero más allá de la legalidad o no de esto, cabe recalcar que la licitación de las empresas encargadas de las grúas (STO y SEC) está vencida desde hace seis meses.

En respuesta a los reclamos, el .Gobierno de la Ciudad publicó una página en donde indican los lugares para aparcar “Además de ser solo para el Microcentro, está muy mal explicado y confuso lo que pusieron en esa web, quien entre no va a comprender nada”, continúa Miglino y acotó: “Reproducen lo mismo que pasa en las calles, en donde en una misma cuadra hace dos señales que se contradicen la una a la otra y generan confusión”.
La semana pasada los representantes de este grupo de vecinos, tuvieron una reunión con el flamante Subsecretario de Tránsito y transporte del Gobierno Porteño, Guillermo Dietrich. Este prometió convocar a una nueva licitación y modificar la señalización, pero de plazos ni hablar. Mientras las multas siguen pendientes, a pesar de los recursos judiciales presentados y son más de cien las denuncias diarias que recibe esta organización.

Foto: http://www.datavip.com.ar

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Paran los docentes porteños

Pese al llamado a conciliación obligatoria dictado la semana pasado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta mañana los docentes porteños nucleados en UTE y Ademys iniciaron un paro que se extenderá durante 48 horas. La medida busca expresar el rechazo al presupuesto 2010 presentado por el Ministro de Educación, Mariano Narodowski, y exigir aumento salarial.

Según expresó Alejandro Demichelis -secretario adjunto de UTE-: “desde que Mauricio Macri asumió como Jefe de Gobierno hubo rebajas en áreas esenciales como infraestructura mientras que se registró un incremento del 167 por ciento en las partidas destinadas a la educación privada”.

Además, en el marco de una conferencia de prensa convocada ayer por ambos gremios con el apoyo de legisladores de la oposición, Manuel Gutiérrez –integrante de Ademys- destacó que su denuncia surge a partir de "la profundización de la crisis educativa que atañe no solamente a los docentes sino también a los alumnos por las condiciones edilicias, las falta de becas y porque los chicos se quedan en su casa porque no pueden asistir más a escuela por falta de recursos".

Por su parte, el legislador del bloque PRO Fernando de Andreis, defendió la gestión y aseguró que “para el área de Educación se prevé el aumento más importante del Presupuesto 2010 y, tal como afirmó el Ministro Narodowski, la discusión sobre el aumento salarial aún no está cerrada. Es más que evidente que los dirigentes gremiales que concretaron el paro sólo buscan hacer política y sacar rédito personal a través de esta medida”

Con el propósito de hacer efectivos sus reclamos y sumar adhesiones, mañana los docentes de UTE y Ademys marcharán junto a los agremiados de ATE hasta las puertas de la Jefatura de Gobierno en donde presentarán sus reclamos.

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¿El fin de la UCEP?

Todo parece indicar que la incoherencia se transformó en constante entre los funcionarios del actual Gobierno de la Ciudad. Tras casi dos años de gestión, pocos son los que todavía escapan a esta tendencia y cada vez más los que desdicen lo dicho en reiteradas ocasiones.
Si bien desde su asunción el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, pelea por uno de los primeros puestos en el ranking de funcionarios poco coherentes –junto con el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, y superado por el mismísimo jefe de Gobierno, Mauricio Macri- durante el último mes parece haber alcanzado su pico más alto en la materia.
Pese a haber negado ante los medios y en reiteradas ocasiones el violento accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), la semana pasada y sin dar ningún tipo de explicación, Piccardo anunció la desarticulación de esta agrupación y el traslado de la problemática de personas sin techo al ministerio de Desarrollo Social.
La decisión fue tomada inesperadamente a pocos días de que la Justicia allanara las oficinas de la UCEP y luego de concretarse una reunión entre Piccardo y la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, quien aseguró que "la indigencia es un tema del área social aunque su consecuencia sea la ocupación de calle, veredas o plazas".
Sin embargo, tal como informó Ciudad2puntocero, desde su nacimiento hace poco más de un año, la UCEP había sido cuestionada por organismos de derechos humanos, legisladores de la oposición e, incluso, por los mismos vecinos de la Ciudad, que reclamaban su disolución.
Para la diputada Liliana Parada “la defensoría no puede ignorar que el carácter de la UCEP es el de una fuerza de choque paraestatal y, por ende, este supuesto desmantelamiento nada cambia. Es preciso recordar que el Ministerio de Desarrollo Social realiza las tareas previas de inteligencia y notifica la cantidad de familias en situación de calle, de manera informal, al aparato de inteligencia de la Ciudad”.
Todo parece indicar que, nuevamente, el Gobierno eligió deshacer sus pasos y, despacito y en silencio, intentar que el violento accionar de la UCEP caiga en el olvido junto con otros tantos asuntos cuestionados durante los últimos meses. Mientras tanto, y lejos de aplicar la política diálogo y transparencia que ellos mismos reclaman, todos parecen rehuir a las preguntas de la prensa referidas a este tema.

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Macri seguirá con los contratos basura

El Gobierno de Mauricio Macri, el 29 de octubre pasado, firmó el acta de acuerdo por el cual a partir del 1 de enero de 2010 regularizará la situación de 17 mil empleados públicos que están bajo la modalidad de “948 y 959”, y pasarán finalmente a planta permanente. Sin embargo, los monotributistas que el Gobierno de la Ciudad contrata bajo la forma de “locación de servicios” no contarán con esa suerte.

La contratación de servicios de monotributistas le facilita al Estado no realizar los aportes previsionales que le corresponde a cualquier trabajador, y rescindir de él cuando quiera. “Es una forma fraudulenta e irregular”, asegura Hernán Vázquez, jefe de prensa de ATE.

Si bien los Estados se encargan de perseguir al sector patronal que emplea trabajo en negro, cuando se trata de ellos mismos la vista se hace más que gorda. Según Vázquez, “el Estado recurre a las figuras de contratación no laborales para ocultar un trabajo por tiempo indeterminado, son contratos basuras”. Contratos basura porque los trabajadores realizan las mismas tareas que los empleados públicos con estabilidad laboral; porque deberían ser por períodos determinados y sin embargo los monotributistas le facturan al Estado por varios años; porque existe una relación de dependencia no manifiesta; porque la seguridad social debe ser provista por el mismo trabajador; y porque cuando el empleador no necesita más de sus servicios puede devolverlo al ejercito de reserva de desocupados, sin indemnización alguna.

Hoy en día, un locador de servicios debe abonar de su sueldo $115 para pagar el monotributo, que antes de fin de año el Estado Nacional pretende aumentar la alícuota un 80 por ciento. De esa alícuota que paga, una parte va para la previsión social y otra para la obra social. Sin contar con una aseguradora de riesgo del trabajo.

La legisladora Silvia La Ruffa , del Frente para la Victoria se muestra satisfactoria por la incorporación a planta permanente de miles empleados públicos, y aclara: “Macri se comprometió que en 2010 no habrá empleados en forma irregular, salvo los monotributistas que están previstos en el presupuesto de cada año”. Estos empleados bajo la modalidad de monotributistas luego de un año deberían pasar a formar la planta transitoria, y un año más tarde la planta permanente. Pero se sabe que esto no pasará.

Y no pasará por el simple hecho de hoy existen trabajadores en el Cuerpo de Agentes de Tránsito, que hace casi dos años que están como monotributistas, y por lo menos el año que viene seguirán igual. Sobre este personal La Ruffa agregó: “En la Legislatura aprobamos una ley que especifica que los agentes de tránsito, desde el primer día deben estar bajo la forma de planta transitoria, o sea ser empleados del Gobierno, y eso Macri no lo está cumpliendo”. A esa acusación se suma la denuncia de monotributistas (ver recuadro) que ingresaron en Junio de este año y aún siguen sin cobrar un centavo, y que podría extenderse hasta Marzo del año que viene. Las excusas de los funcionarios porteños se remiten a la falta de plata en el Gobierno.

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UCEP: la patota de Mauricio Macri

La Justicia allanó hoy las oficinas de la UCEP, en el 5º piso del edificio municipal de Carlos Pellegrini 291, a raíz de la denuncia de una mujer que fue desalojada, golpeda y abusada por agentes de esta fuerza el 1 de octubre debajo de la Autopista 25 de Mayo.

A cargo de la investigación está el juez Roberto Gallardo, quien secuestró documentación de la oficina.

Aunque operaba desde mucho tiempo antes pero de manera irregular y clandestina, la realidad es que hoy se cumple un año de la sanción del decreto 1232/08 de creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) y, para festejarlo, el juez Roberto Gallardo ordenó el allanamiento de sus oficinas.

La UCEP es una unidad fuera de nivel, que cuenta con cerca de 25 integrantes designados por el Poder Ejecutivo y depende de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, a cargo del ingeniero Jorge Cristian Polini.Si bien entre sus principales funciones se le asigna la tarea de “mantener el espacio público libre de usurpadores, por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes” lo cierto es que, según indican las 14 denuncias acumuladas hasta la actualidad, este grupo actúa como una patota que desaloja a fuerza de golpes a los indigentes que, a falta de una vivienda propia, duermen en las plazas y los parques de la Ciudad.


Según indica el Informe de denuncia sobre el accionar de la UCEP de la Ciudad de Buenos Aires -realizado conjuntamente por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- el Gobierno de la Ciudad (GCBA) “se vale clandestinamente de la UCEP para amedrentar, amenazar y golpear a personas en especial condición de vulnerabilidad, como son quienes se encuentran en situación de calle, de modo tal de que abandonen los lugares donde pernoctan”.

A pesar de que el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, repite incansablemente que la UCEP “no tiene competencia para realizar desalojos”, en lo que va del año este grupo participó de 444 procedimientos, de los cuales sólo 9 no fueron contra indigentes. En este contexto resulta por lo menos sospechoso que para 2010 se le asigne un presupuesto 5 veces mayor que el de este año, para realizar 800 operativos de “preservación de la remoción de obstáculos en aceras, calzadas y espacios verdes”.

Queda claro que, más allá de jactarse de encabezar una nueva forma de hacer política basada en la búsqueda de diálogo y consenso, a Mauricio Macri poco le importan los reclamos de los vecinos que denuncian a la UCEP y exigen su disolución. Quizás la clave está en preguntarse qué entienden los funcionarios PRO por vecinos. En este sentido, Piccardo aportó una pista cuando reiteró que su intención es equilibrar los intereses de los vecinos con las necesidades de la gente de bajos recursos.

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Fuertes repercusiones por la venta de tres terrenos en Catalinas Norte

La reciente aprobación en la Legislatura de la venta de tres lotes ubicados en el barrio de Retiro ocasionó polémica. Los terrenos serán sometidos a subasta pública y los fondos, otorgados al Ministerio de Educación de la Ciudad.

Ver Terrenos Catalinas Norte en un mapa ampliado
Si bien son previstos por ley los controles de venta, uno de los puntos más controvertidos es la valuación de los terrenos y la especulación inmobiliaria que podría originar. El año pasado el Banco de la Ciudad de Buenos Aires tasó los lotes en 300 millones de pesos, pero podrían valer casi el triple debido a la rezonificación lograda por el macrismo en mayo de este año, sumado a las modificaciones del tope de pisos que pueden construirse por torre.
Entre quienes se manifestaron en contra, se encuentran Patricia Walsh, del partido Nueva Izquierda y Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires. Según Walsh, este proyecto es “el botón de muestra de la gestión del oficialismo sobre las tierras públicas”.
En contraposicion, una de las voces del PRO, Fernando De Andreis, declaró en el blog del partido que la venta de estos inmuebles permitirá recuperar el espacio público y producir una renovación integral “en una zona que desde hace años está abandonada”.
Martín Hourest, presidente del bloque del partido Igualdad Social, declaró para Ciudad 2.0 que el proyecto “es una enajenación de tierra pública, dada la inexistencia de un plan integrado de regeneración de zonas, ya que esta obra contradice la lógica de descentralizar la ciudad”, y advirtió sobre la sobreexposición de la educación al depender de fondos determinados por la especulación inmobiliaria.

Por su parte, según una noticia publicada en la página de la Legislatura, los vecinos expresaron su apoyo a la venta de los terrenos, ya que significaría modernización y valoración de la zona: “Consecuentemente el proyecto de norma intenta instalar la incorporación de criterios de diversificación funcional recuperación del espacio público y promover que el actual vacío entre los edificios se convierta en una sucesión armoniosa de espacios urbanos característicos, bien conformados y articulados”.

Desventajas y beneficios. Todavía no se sabe cuándo se realizará la subasta pública y si los controles para evitar privilegios y favoritismos funcionaran correctamente. Lo cierto es que el proyecto ya fue votado y es una marca más del lineamiento ideológico de este gobierno.

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