UCEP: la patota de Mauricio Macri

La Justicia allanó hoy las oficinas de la UCEP, en el 5º piso del edificio municipal de Carlos Pellegrini 291, a raíz de la denuncia de una mujer que fue desalojada, golpeda y abusada por agentes de esta fuerza el 1 de octubre debajo de la Autopista 25 de Mayo.

A cargo de la investigación está el juez Roberto Gallardo, quien secuestró documentación de la oficina.

Aunque operaba desde mucho tiempo antes pero de manera irregular y clandestina, la realidad es que hoy se cumple un año de la sanción del decreto 1232/08 de creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) y, para festejarlo, el juez Roberto Gallardo ordenó el allanamiento de sus oficinas.

La UCEP es una unidad fuera de nivel, que cuenta con cerca de 25 integrantes designados por el Poder Ejecutivo y depende de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, a cargo del ingeniero Jorge Cristian Polini.Si bien entre sus principales funciones se le asigna la tarea de “mantener el espacio público libre de usurpadores, por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes” lo cierto es que, según indican las 14 denuncias acumuladas hasta la actualidad, este grupo actúa como una patota que desaloja a fuerza de golpes a los indigentes que, a falta de una vivienda propia, duermen en las plazas y los parques de la Ciudad.


Según indica el Informe de denuncia sobre el accionar de la UCEP de la Ciudad de Buenos Aires -realizado conjuntamente por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- el Gobierno de la Ciudad (GCBA) “se vale clandestinamente de la UCEP para amedrentar, amenazar y golpear a personas en especial condición de vulnerabilidad, como son quienes se encuentran en situación de calle, de modo tal de que abandonen los lugares donde pernoctan”.

A pesar de que el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, repite incansablemente que la UCEP “no tiene competencia para realizar desalojos”, en lo que va del año este grupo participó de 444 procedimientos, de los cuales sólo 9 no fueron contra indigentes. En este contexto resulta por lo menos sospechoso que para 2010 se le asigne un presupuesto 5 veces mayor que el de este año, para realizar 800 operativos de “preservación de la remoción de obstáculos en aceras, calzadas y espacios verdes”.

Queda claro que, más allá de jactarse de encabezar una nueva forma de hacer política basada en la búsqueda de diálogo y consenso, a Mauricio Macri poco le importan los reclamos de los vecinos que denuncian a la UCEP y exigen su disolución. Quizás la clave está en preguntarse qué entienden los funcionarios PRO por vecinos. En este sentido, Piccardo aportó una pista cuando reiteró que su intención es equilibrar los intereses de los vecinos con las necesidades de la gente de bajos recursos.